La pandemia del Coronavirus ha tenido efectos desgastantes con gran repercusión a nivel político, económico, social y de la familia; trastornado los modelos habituales de vida, hoy Colombia, ante la magnitud de la crisis, ha levantado su voz de protesta teniendo como punto de partida la perversa reforma tributaria que, extiende su poder a la salud y al sistema pensional entre otros.
En conversación con el Obispo de Inírida, Monseñor Joselito Carreño Quiñones, esto fue lo que nos expresó:
La magnitud de la crisis ha tocado la fibra interna de la sociedad, de esa clase social que ve frustrada toda oportunidad de crecimiento económico y social; esa clase media, media baja hasta llegar a los estratos más pobres y vulnerables de la sociedad víctima de una marginalidad económica y social y, que hoy, con la violencia exacerbada, ven naufragar toda esperanza de paz, bienestar y crecimiento económico; de ahí, la importancia de reflexionar sobre temas como el rechazo a la no violencia ya que ésta engendra más violencia, promoviendo en el colectivo social todo aquello que favorezca la no violencia activa, empezando por la superación de las raíces de la violencia en uno mismo, propiciando el desarrollo de las virtudes personales y de las mejores y más profundas aspiraciones humanas.
Se hace necesario deslegitimar la violencia como eje sustentador de cualquier doctrina politico-social que la acepte y, rechazar el uso de la violencia para abordar cambios políticos, sociales, culturales entre otros; en palabras sencillas, deslegitimar la violencia como doctrina política y como práctica política, sencillamente no buscar fines justos a través de medios injustos.
De ahí, que el diálogo con las propuestas de la no violencia se hace imprescindible para cualquier perspectiva de entendimiento y participación social
De otra parte, es necesario pensar en la construcción de un nuevo pacto nacional, debido a que la pobreza, la desigualdad social y la inequidad, siguen avanzando a pasos gigantescos llevando no solo a Colombia sino a América Latina a un estado de pobreza extrema.
Esta creciente desigualdad, hoy, se ve expresada en esta largo paro con tintes de violencia extrema de múltiples sectores, donde la gente reclama medidas sociales urgentes, sin que el estado colombiano presente un sólo argumento de mejoramiento económico y social; de ahí, la necesidad de establecer un nuevo pacto social que consolide acuerdos entre los diversos actores, brindando legitimidad, solidez política y reformas estructurales en las tres ramas del poder, que realmente sean transformadores y acaben con tanta corrupción e inequidad; pacto que debe estar orientado a la redistribución equitativa del ingreso, a la equidad distributiva, la sostenibilidad de la protección social y. un cambio en el modelo de desarrollo abandonando esa política asistencialista que solo provoca la pérdida de la energía humana promlviendo si la generación de empleo, recortando drásticamente los gastos exagerados de los aparatos públicos dominados más por la burocracia que por la preocupación de servir a los usuarios, con el enorme crecimiento de los gastos y la corrupción que contribuyen a dañar el principio de subsidiaridad, donde de invierten Miles de billones que bien podrían generar empresas y trajo digno de acuerdo con la competitividad regional, en virtud a qué es trabajo lo que se requiere para una buena proyección económica del país; con ello se erradicaría la pobreza y disminución significativa de la desigualdad; esto se logra sí y sólo sí, a partir del fortalecimiento de los instrumentos de representación como los sindicatos, asociaciones y partidos políticos fuertes, cuyo sustento de trabajo deben ser proyectos y no medias propuestas como hasta ahora lo han evidenciado.
Hoy, la iglesia católica, ante tan desolador panorama, debe hacer oír su voz, teniendo en cuenta la realidad social que impacta nuestra cotidianidad, es necesario entonces, mirar el futuro con confianza y esperanza, trabajando por el bien común como un deber de todos los miembros de la sociedad , donde ninguno está exento de colaborar según sus propias capacidades, con colaboración plena, sin egocentrismos subordinados a las ventajas de poder que cada uno pueda obtener, sino con base a una lógica que asume en toda su amplitud, la correlativa corresponsabilidad, procurando siempre el bien de los demás, como si fuese el bien propio; de ahí, que no se puede quitar a los trabajadores lo que ellos pueden hacer y proporcionar, para dárselo a una sociedad mayor y más elevada como son las élites de poder económico y social, ya que éstas deben brindar ayuda para que el ciudadano pueda ser parte activa de la realidad política y social del país.
Entonces, es deber del estado, promover políticas que activen el empleo, mediante la creación de oportunidades de trabajo, incentivando el mundo productivo; de ahí la necesidad de una reforma agraria, ya que la producción agrícola merece atención especial debido a su función social, cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos del mundo; hoy debido a la economía cada vez más globalizada y a la creciente necesidad de salvaguardar el medio ambiente; por consiguiente se hace necesaria esta reforma, para volver a dar a la agricultura y al trabajador del campo el justo valor, con base en una economía sana, armónica con el desarrollo económico del país; reforma dónde halla la indispensable redistribución de la tierra, eliminando el latifundio improductivo, para alcanzar un auténtico desarrollo económico, incentivando el título a la propiedad de la tierra, estimulando la Investigación y capacitación agricola, fortaleciendo la infraestructura rural con la creación de empresas transformadoras de tal forma, que la reforma agraria además de una obligación política es una obligación moral, reforma que es benéfica, pues genera la apertura de mercados aprovechando las ventajas que el crecimiento global puede ofrecer.
De otra parte, la salud es un derecho inalienable que el estado debe garantizar por tanto sí merece una reforma, pero pensada en la gente y no en los agentes; buscando mejorar los servicios y no satisfaciendo los intereses mezquinos de un grupo o gremio en particular, convirtiéndola en un negocio; en definitiva, las propuestas incluidas en la reforma que hoy es motivo de paro, afectan la sostenibilidad del sistema pensional, lo que va en contra del artc. 48 de la Constitución Política de Colombia, en la cual se establece que el estado debe garantizar la sostenibilidad del sistema general de pensiones.
Finalmente, Monseñor Joselito, nos dijo que: una de las nefastas consecuencias de la corrupción, es que frena el crecimiento económico y la competitividad, generando la desigualdad en el reparto de la riqueza; además de dificultar la toma de decisiones públicas, representa un alto costo para las economías; de igual forma, incide negativamente en problemas sociales como desigualdad y pobreza, a su vez crea barreras en el crecimiento económico, genera favoritismos en el sector privado y contribuye a la ineficiencia administrativa en las operaciones y proyectos del sector público, incidiendo de manera directa sobre los precios, de ahí la gran urgencia de desvincular los recursos de estar fundamentalmente al servicio de los gobernantes de turno y de los empresarios a que esté fundamentalmente al servicio del bien común, es decir, al servicio de toda la población colombiana de manera equitativa y libre de todo tipo de corrupción.

María Esperanza Castro Torres Oficina de Pastoral de las Comunicaciones.