El derecho a la salud en el departamento del Guainía se ha convertido en un negocio para las instituciones, perjudicando a ciudadanos y comunidades indígenas que dependen de estos servicios y a quienes no se les garantiza el bienestar físico, mental y social en el modelo actual de salud MIAS.  

La Defensoría del Pueblo, institución presente en el territorio en calidad de regional instada en la defensa de los derechos humanos de los guainianos, ha declarado públicamente en la Novena Jornada Nacional por el Derecho a la Salud, el incremento de las quejas y reclamos de los ciudadanos a un 32% desde el 2020.

También, el aumento de la elaboración de tutelas en salud de un 290% en este mismo periodo, solamente en lo que va corrido de este año 2022 se han elaborado 203 tutelas relacionados a la deshumanización del servicio prestado por el modelo actual de salud.

En la jornada continua, en la que asistieron el Defensor Nacional, Carlos Camargo, el gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral, el alcalde de Inírida, Pablo Acosta Yuvabe y la delegación por la salud, se realizó un espacio de escucha y atención de los diferentes casos que han tenido prevalencia y sin respuesta en las diferentes instancias de salud existentes.

Se contó con las asistencias de las secretarías de salud; departamental y municipal, las EPS que prestan servicio en el territorio y la IPS entregada en comodato a la clínica de Bocagrande, quienes instalaron mesas de auditorías hacia la población, con el objetivo de resolver los casos que no han tenido su debido proceso y presentan una complicación mayor.

El eje central de la jornada por la salud, fue el abandono estatal al modelo de salud del departamento, generando la pérdida de la confianza y legitimidad del modelo actual de salud MIAS, resultado del creciente número de quejas, peticiones y reclamos ante la Defensoría del Pueblo.

“Se ha evidenciado de forma contundente la falta de planeación estratégica y de gestión para dar continuidad a la prestación de salud en el departamento” Expresó Emily Dosantos, defensora del pueblo de la regional Guainía.

Desde el 2019, en múltiples jornadas descentralizadas realizadas por la Defensoría del Pueblo Regional Guainía, en áreas rurales, se logró evidenciar las deficiencias de prestación y acceso al servicio de salud, al demostrar las dificultades en las áreas dispersas que agudizan, en comparación a las presentadas en el área urbana.

Debido a esto, se hizo necesario solicitar la intervención a la defensoría delegada, para garantizar que los derechos a la salud y vida digna se cumplan, de la que resultó en dos informes que detallan la persistencia de las barreras de la atención, sin que las recomendaciones realizadas por la defensoría hayan sido acatadas.

En el análisis comparativo de los últimos 3 años dado por la defensoría regional, se evidencia el aumento de tutelas y acompañamientos directos en garantía al derecho a la salud se concluyó en que:

 “El modelo de salud MIAS, no responde a las necesidades, ni características territoriales que presentan los ciudadanos, quienes, en su mayoría, pertenecen a comunidades indígenas y viven en zonas aledañas de difícil acceso”. Agregó la defensoría del Pueblo Regional Guainía.

Se prevaleció las vulnerabilidades estructurales en garantía al derecho a la salud a nivel de infraestructura, calidad, oportunidades y acceso al servicio, dando como resultado, en una condición de desprotección de la población étnica.  

Además, la defensoría instó en las actividades competentes, para que generarán respuestas efectivas en la atención de las problemáticas relacionados en el acceso al agua potable.

Una de las recomendaciones que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo, ha sido la atención y tratamiento a la población afectada por la contaminación de mercurio, resultado de la explotación minera que se desarrolla en el departamento, siendo un problema, aún mayor, de salud pública que se viene advirtiendo desde el año 2010.

Entre las conductas indicadas por los ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo Regional Guainía se encontraron:

-Problemas en el servicio de referencia y contra referencia; albergues, remisiones desde el área de Inírida al interior del país y posteriormente los retornos, negación en el cumplimiento de trasporte, alojamientos y alimentación para el acompañante de los afiliados a la EPS Coosalud.

-La falta de oportunidad en medicina especializada, en medicina general, medicamentos, procedimientos, tratamientos, exámenes de laboratorios, barreras en la afiliación y los traslados.

-Deficiencia en el servicio de urgencias, negación de servicios en citas de consultas externas, desconocimiento por parte de los beneficiarios de la red IPS que presta el servicio, en especial a los afiliados a Coosalud.  

-Se presenta una afectación mayor con la población indígena que debe abandonar su entorno, sus costumbres, ante un desarraigo cultural y familiar, a fin de atender su tratamiento médico cuando son remitidos a Bogotá.

En consecuencia, de la falta de equipos, personal y suministros de medicamentos en el departamento, también se detectó la imposibilidad del traslado de los usuarios desde las zonas rurales al municipio de Inírida por falta de combustibles, falta de embarcaciones fluviales y medios de comunicación no existentes.  

No se hace entrega de medicamentos para enfermedades crónicas, cardíacas y huérfanas, no se expiden certificados de nacidos vivos, no se da cumplimiento a las jornadas obligadas multidisciplinarias establecidas en el modelo de salud actual.

Aquiles López Camico representante resguardo Atabapo resaltó en la jornada por la salud que “en este departamento siempre se ha visto la mala atención en la salud”.

Ante esto, Elena Dimate, líder comunitaria expresó que “la salud se volvió solamente dinero, si usted no tiene plata se muere “. Y María Mabel Rojas concluyó  que “estamos siendo manejados por una EPS desde Cartagena, que desconoce las problemáticas de la región”.

La jornada por la salud brindó el espacio para que líderes sociales, ciudadanos afectados, población general y las comunidades indígenas, que asistieron a la auditoria, exigieran a las autoridades estatales y el Defensor Nacional el cambio actual del modelo de salud que se encuentra en un régimen distinto y en otra región.

Pidiendo la responsabilidad social de la gobernanza de la salud de los guainianos y que no se excusen en la imposibilidad de sus acciones, por la calidad privada en la que se encuentra el modelo MIAS en el departamento y el cambio del gerente responsable de la violación de este derecho fundamental quien entorpece y genera barreras administrativas a los usuarios de la EPS Coosalud.  

Los guainianos denunciaron la violación de este derecho conectado estrechamente con otros derechos humanos como; la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo, la educación, la vida, la no discriminación, la privacidad, el acceso a la información y la prohibición de la tortura.

El departamento del Guainía atraviesa situaciones difíciles en donde muchos han tenido que enterrar a sus seres queridos y ser víctimas de abusos por parte de las entidades que no están capacitadas adecuadamente y presentan falencias administrativas con falta de profesionales.

Aunque han pasado 6 años desde que el modelo MIAS se implementó en el departamento, no ha logrado ser un sistema de salud eficiente y se suma a los múltiples fracasos que ha tenido el territorio desde hace muchos años. La defensoría evidencia ante las quejas, reclamos y tutelas de los ciudadanos el incumplimiento de los fines propuestos por este modelo.

Leonardo Sánchez – ViciniridaTV