El Vicariato Apostólico de Inírida denuncia la desmedida tala de bosques selváticos de la amazonia colombiana en medio de la pandemia Covid-19
Colombia dueña de un potencial ecosistémico muy importante para el mundo, afronta hoy una crisis con la tala desmedida de sus bosques de selva en la amazoorinoquia.
Desde el Vicariato hacemos eco a lo expresado por el papa Francisco en su encíclica Laudato Sí ” no podemos permanecer mudos ante el clamor cuando comprobamos los altísimos costos de destrucción y explotación del ecosistema. No es tiempo de seguir mirando hacia otro lado, indiferentes ante los signos de un planeta que se ve saqueado y violentado por la avidez de ganancia y en nombre muchas veces del progreso “.
Especies de un valor incalculable, están siendo arrasadas sin que las autoridades presten control y se hagan los de la vista gorda. También se observa que el gobierno nacional juega a la doble moral con este tema tan importante en la vida del presente y futuro de la nación al prestarle solo voz al compromiso con el cuidado ecológico y el asignar tan pocos recursos a éste ministerio del medio ambiente y a la vez promover el extractivismo minero como si los recursos naturales fueran inagotables.
Hoy Guaviare, Guainía y Amazonas; a pesar de las medidas de confinamiento decretadas para el territorio nacional por causa del Covid-19, sufren una deforestación incontrolable; a la fecha, se tiene 552.600 hectáreas de bosque primario deforestadas por manos criminales, que se lucran con el producto de éste recurso natural.
En lo corrido del primer semestre del 2020, la región dijo adiós a 72.600 hectáreas de bosque primario, cifra alarmante si la comparamos con cifras del 2019.
La deforestación en la amazonia colombiana no se detiene, según reciente monitoreo de la Fundación para la conservación y el desarrollo sostenible (FCDS), se registró más de 75.000 hectáreas arrasadas sólo hasta el 15 de abril, ” las carreteras que están abriendo frontera agropecuaria, son alerta temprana de lo que puede venir en los próximos años, advirtió Rodrigo Botero director de FCDS.
En Colombia, la selva amazónica representa más del 40% de su territorio, y mientras sus árboles estén de pie, son patrimonio de la nación, pero una vez éstos caigan, personas inescrupulosas y a la vez familias necesitadas lo convertirán en sus fincas.
La inmensa trocha del trazado de una carretera de 138 kilómetros que conecta a Calamar con Miraflores desde hace 20 años, conecta a dos municipios que fueron víctimas del poder territorial de la FARC y que hoy sufre el yugo de las disidencias y las mafias económicas y políticas, quienes buscan seguir explotando los cultivos ilícitos, apropiándose de los terrenos baldíos de la nación.
Es doloroso contemplar los mapas satelitales que hoy muestran cómo avanza esa vía, el bosque ha ido cayendo, para convertirse en vastas extensiones de tierra, que a pesar de ser reservas naturales, hoy tienen dueño.
Tierras sin doliente alguno, pues gobernantes, representantes a la cámara de estos departamentos afectados y líderes populares, miran con indiferencia cómo las mafias políticas y grandes negociantes del suelo, incendian y talan sin control, sin permitir frenar el ecocidio; y mientras tanto, trás la disculpa de la cuarentena por Covid-19, ésa trocha ilegal sigue avanzando.
El país, la institucionalidad y la sociedad civil en general, tienen que cuidar con urgencia, este tesoro natural que representa la Amazonía en el mundo y que cada vez más, sufre las consecuencias del daño del que está siendo víctima nuestra casa común o planeta tierra.
Finalmente, la pregunta obligada, dónde está la presencia activa del ministerio del medio ambiente?, de las entidades como el Instituto de investigaciones científicas Sinchi con sus estrategias de control a la deforestación y que tiene oficinas en Amazonas y Guainía?, Y de la Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico CDA, quien es la autoridad ambiental para Guainía, Guaviare y Vaupés, encargado de velar por las áreas protegidas, según el decreto 2372 de 2010 que reglamenta el sistema nacional de áreas protegidas SINAP, y quién tiene que velar porque no se siga arrazando este valioso patrimonio ecológico corazón biológico del mundo?…
María Esperanza. Castro Torres, oficina de prensa Vicariato
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